La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada en vigencia de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que “El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
Lo anterior se materializa a través de mecanismos de participación establecidos por cada órgano de la Administración del Estado, y específicamente en virtud de los cuatro mecanismos expresamente señalados por la ley N° 20.500, los cuales son:
La implementación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública ha permitido profundizar la democratización del vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Para el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font la participación ciudadana es indispensable para el desarrollo político de Chile y para el fortalecimiento de su democracia, de esta manera, se busca contribuir a la profundización del uso de los mecanismos de participación ciudadana disponibles en el marco normativo vigente.
La relación entre el Estado y la sociedad se expresa a través de las políticas públicas; estas inciden en la vida cotidiana de las personas. Las democracias de calidad tienen espacios de participación ciudadana en diferentes instancias del ciclo de la política pública. La Participación Ciudadana puede desarrollarse en la etapa de diagnóstico, en la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de política pública.
Uno de los objetivos estratégicos para la profundización de la participación en la gestión pública está presente en el Instructivo Presidencial Nº007 de 2022 para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Allí se habla de “fomentar la participación política y organizacional con perspectiva de género, asegurando mecanismos y fórmulas que propicien la igualdad sustantiva en las instancias de Participación Ciudadana”.
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